NEUQUEN, 13 de mayo de 2008 Y VISTOS: En acuerdo estos autos caratulados: “ORELLANA ELIA ROSA C/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. S/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD” (EXP Nº 316007/4) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 6 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo: I.- La aseguradora demandada recurre contra la sentencia de fs. 628/632, agraviándose contra la legitimación pasiva que se le atribuye, el rechazo de la prescripción de la acción y la existencia del supuesto de incapacidad total taxativa prevista en la póliza. Sostiene que la defensa de falta de legitimación debió ser admitida, habida cuenta que su parte no era la aseguradora de la actora al momento de consolidarse la incapacidad permanente y absoluta, y por cuanto aquélla dejó transcurrir el plazo del art. 58 LS. Si bien coincide con los argumentos del fallo en relación con el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción, afirma que ha omitido valorar elementos de prueba sobre el momento en que la actora tuvo conocimiento de su estado de incapacidad permanente y total, con mucha anterioridad al dictamen de la junta médica previsional. Alude, en tal sentido, a sendos certificados médicos del Dr. Sorbera del 6/12/02 y 7/5/03, dando cuenta de la incapacidad total, y la iniciación del trámite jubilatorio en agosto de 2003. De todo ello infiere que la póliza no se encontraba vigente al momento de consolidarse la incapacidad –lo que determina la falta de legitimación pasiva-, el vencimiento del plazo del art. 58 LS al momento del reclamo y posterior iniciación de la presente acción. Agrega que también ha sido incorrectamente rechazada por la a quo la defensa de exclusión de la cobertura, ya que las dolencias de la actora no son las taxativamente contempladas en la póliza, controvirtiendo lo argumentado por la jueza en el sentido que se habría operado aceptación tácita en los términos del art. 56 LS, al no objetar oportunamente la exclusión del riesgo. II.- La aseguradora demandada intenta eximirse del pago de sendos seguros contratados con la provincia empleadora, aduciendo que el siniestro tuvo lugar con anterioridad a la vigencia de la cobertura, que no se trata de incapacidades descriptas “taxativamente” en la póliza respectiva, y haber operado la prescripción, conforme lo previsto en el art. 58 LS. Abordando el tratamiento de tales agravios, entiendo que si bien la patología que generó la incapacidad total y permanente para desempeñarse en el cargo de enfermera que detentaba de larga data, se vincula etimológicamente con el accidente de tránsito sufrido por la actora en el año 2001, el cese de su actividad laboral operó en el curso del año 2004, a resultas de los dictámenes médicos producidos en el ámbito del SIN -fs. 46-11/12/03-, fs. 48/49 –23/1/04-, que derivaron en la concesión del beneficio de jubilación por invalidez supeditado a la baja efectiva del afiliado, que tuvo lugar el 30/3/04 con su renuncia. Si ello es así, mal puede computarse como fecha del siniestro la correspondiente al prístino accidente de tránsito, ya que lo que el seguro indemniza es la pérdida del ingreso como consecuencia del cese de la actividad laboral. Bien se ha dicho: “A fin de fijar el dies a quo de la prescripción en un contrato de seguro de vida e incapacidad total y permanente, cabe aclarar que la definición contractual de riesgo cubierto debe ser interpretada literalmente, que el interés asegurable debe ser determinado de manera precisa y que el siniestro se configura, en el seguro de personas, recién cuando las consecuencias del daño -pérdida del derecho a la percepción de haberes como dependiente en actividad y la imposibilidad de realizar una actividad remunerada similar a la que realizaba- se producen en la persona del asegurado (cfr. Halperin - Barbato, "Seguros", cap. Iv n° 52.A.P., Cap. Vii n°1, p. 386,, 891, Y 949, ed. 2001). Y, aun cuando el contrato no establezca expresamente como recaudo de ocurrencia del siniestro que el asegurado hubiere perdido el derecho a la percepción de haberes, es recién en tal oportunidad cuando se producen las consecuencias del daño; tal conclusión encuentra mayor fundamento cuando la incapacidad dictaminada fue parcial y la situación del asegurado fue modificada sucesivamente por el empleador, con lo cual se pudieron tener razonables dudas acerca de la configuración del siniestro; ello así, el dies a quo de inicio del curso del plazo de prescripción es el día en que el asegurado es pasado a situación de retiro obligatorio.” Autos: ALVEZ RICARDO C/CAJA DE SEGUROS SA S/ORD.- Nº Sent.: 43283/00. - Mag.: DIEUZEIDE - HEREDIA - VASSALLO.- 27/09/2006 En autos “LACROZE JORGE C/ INST. PCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS S/ COBRO SEGURO POR INCAPACIDAD” (Expte. Nº 899-CA-97) se controvirtió el criterio sustentado por la “a quo” en relación con la fecha a partir de la cual comienza a computarse el plazo de prescripción, considerando como tal la de la resolución que otorga el beneficio de la jubilación por invalidez. Se tuvo en cuenta, asimismo, que: “A fin de determinar la prescripción de la acción por cobro de una indemnización por incapacidad laboral, incoada por el beneficiario de un seguro, deberá determinarse el momento desde el cual la obligación fue exigible (ls: 58), esto es, desde que se produjo el siniestro contra el que deba cobertura la aseguradora, circunstancia que -en el caso- se configura al tomar conocimiento el asegurado de su incapacidad, al extinguirse la relación laboral por dicha causa y no desde la fecha de otorgamiento del beneficio de la jubilación por invalidez, pues su incapacidad no dependió del reconocimiento y declaración de un organismo previsional. (En igual sentido: sala A, 5.2.96, "Nuñez, Jorge c/ Aseguradores Industriales SA"). CCom: D (ROTMAN - CUARTERO) - 31/05/94 SANGUINETTI, JULIO C/ INSTITUTO ITALO ARGENTINO DE SEGUROS GRALES. SA S/ORD. Ref.: (L. 17418: 58).- He tenido ocasión de sostener en autos “Mancini Edelmira Lucrecia c/ IAPSER S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”-(PS Sala I. tº III, año 1998, f° 537 y sgtes.) que si bien el conocimiento de la invalidez total que marca genéricamente el “dies a quo” para el cómputo del plazo de prescripción del seguro, no depende necesariamente del otorgamiento de la jubilación por invalidez, puede adquirir certeza a partir de dicho acto administrativo que “oficializa” la incapacidad que el beneficiario pudo percibir subjetivamente con anterioridad, y serle reconocida por juntas médicas, pero que no confiere la necesaria seguridad en el sentido de poder accionar útilmente contra la compañía aseguradora. No es casual que casi todos los reclamos de esta especie tengan lugar con posterioridad al reconocimiento en sede previsional del grado de invalidez suficiente para el otorgamiento de la jubilación respectiva, ya que durante la pendencia de tal pronunciamiento previsional suele existir razonablemente un estado de duda en torno al carácter expedito de la acción derivada del seguro colectivo, más aún cuando se mantiene el vínculo laboral hasta la renuncia al cargo que posibilita la efectivización del beneficio previsional. Cabe distinguir entre la exteriorización de la incapacidad como pauta de discernimiento de la aseguradora responsable, en el supuesto de seguros sucesivos, del comienzo del cómputo del plazo de prescripción, que depende -además del reconocimiento de la incapacidad- de la disponibilidad de la acción. En el caso que nos preocupa es claro que la incapacidad se gestó y evidenció durante la vigencia del seguro contratado colectivamente con la demandada, pero la certidumbre en torno al reconocimiento cabal de la invalidez, que cabe tomar como “dies a quo” para el cómputo de la prescripción de la acción, se adquirió razonablemente -como bien lo entendió la “a quo”- a partir de la resolución concedente. “Si se inicia acción judicial por la cual se reclama cierta indemnización de una compañía de seguros por haber sobrevenido la incapacidad laboral del pretensor (el cual era beneficiario de un seguro de vida colectivo acordado entre su ex empleadora y la accionada), resulta procedente la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos de la ley 17418: 58, toda vez que -tal como acontece en el caso- procede considerar como dies a quo de comienzo del plazo de prescripción anual previsto por la citada norma, el día que concluyó incontrovertidamente el contrato de trabajo entre el reclamante y la ex empleadora de éste y no, tal como postulaba el pretensor, el tiempo en que le fue acordada su jubilación por invalidez. (En igual sentido: sala B, 17.12.01, "Balboa, Omar Alberto c/Provincia Seguros SA/ ordinario"). Autos: ARES CELSO C/SUD AMERICA CIA. DE SEG. DE VIDA Y PATRIMONIALES SA. S/SUMARIO.- Mag.: ROTMAN - CUARTERO - ALBERTI - 08/05/1997. “Cabe rechazar la demanda en reclamo de la indemnización por incapacidad -en el caso, 70% de la total obrera- con fundamento en un seguro colectivo contratado por la empleadora del damnificado, incoada por éste luego de haber transcurrido en exceso el plazo fijado por la ley 17418: 58; ello así por cuanto la prescripción comienza a computarse desde el momento en que cesó en sus tareas por encontrarse imposibilitado por razones de salud, iniciando su jubilación por invalidez, que es el momento en que conoció su incapacidad, y por tanto desde que la obligación se encuentra exigible, y no desde que aquella le fue otorgada, pues no parece lógico suponer que una persona pueda conocer fehacientemente su incapacidad laboral sólo cuando un organismo previsional lo reconoce; además, el damnificado dejó de pagar la prima del seguro al cesar en sus actividades quedando excluido del seguro desde ese momento (ley 17418: 155). Del voto del Dr. Peirano: habiendo reconocido el peticionante que por razones de salud, que hacían imposible su continuidad en la empresa, inició los trámites por invalidez ante el organismo respectivo, resulta indudable que a tal fecha debió tener la conciencia razonable aludida de la preexistencia de la incapacidad alegada para solicitar el beneficio jubilatorio por invalidez; y, consecuentemente, debió denunciar el siniestro teniendo a su disposición las acciones pertinentes (sin que ello implique variar el criterio sostenido in re: "Albo, María Alejandra c/Telefónica de Argentina SA y otro s/sumario" del 30.5.96, pues no se dan en el caso las circunstancias de excepcionalidad que se dieron allí). Disidencia de la Dra. Miguez: toda vez que en ciertas enfermedades de carácter evolutivo -en el caso, cardiopatía hipertensiva-, si bien el trabajador indudablemente conoce su afección, desconoce si esta incapacidad es absolutamente irreversible y será reconocida como total y permanente por otros organismos, en cuyo caso el curso inicial de la prescripción acontece, en forma inequívoca, desde la fecha en que se le comunica el otorgamiento del beneficio jubilatorio por invalidez. Autos: CORRADI ERNESTO MANUEL C/CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA S/ SUMARIO. Mag.: VIALE - MIGUEZ - PEIRANO - 27/12/2000 “Corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por la compañía de seguros a la póliza de seguro de vida colectivo que pretende cobrar el asegurado a causa de una incapacidad absoluta y definitiva, en razón de que el plazo de prescripción no debe computarse desde el día en que se anuló la cobertura por la falta de pago -alegada por la aseguradora- sino desde que cesara el vínculo laboral con la empresa. Al efecto, la ley 17418: 58 establece que el plazo de prescripción debe computarse desde que la obligación es exigible. En este sentido, debe considerarse como dies a quo el día en que concluyó el contrato laboral; máxime ello cuando la misma aseguradora a fin de dar curso a la solicitud de incapacidad total, consideró que la desvinculación con la empresa constituye un requisito indispensable para poder considerar el beneficio requerido según las condiciones generales de la póliza. (En igual sentido: sala D, 3.5.07, "Ramos, Alberico c/Caja de seguros de vida s/ord."). Autos: VECCHIO OSCAR C/CAJA DE SEGUROS SA S/ORDINARIO.- Nº Sent.: 105048/99. - Mag.: MONTI - CAVIGLIONE FRAGA.- 19/05/2006 En punto al seguro de vida colectivo, es jurisprudencia reiterada del tribunal que las acciones fundadas en un contrato de esa especie prescriben al año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible, según lo dispuesto en el art. 58, Ley 17.418 (Confr. Causas: 5032 del 24.4.87; 6450 del 31.3.89; 6738 del 7.7.89; 7011 del 5.12.89; 7436 del 18.10.90; 6132/91 del 7.9.93, entre muchas otras). Y ese plazo transcurrió con creces desde que la actora estuvo en conocimiento de su minoración de aptitudes que, en la mejor de las hipótesis para ella, se puede situar al ser declarado extinguido el contrato de trabajo (despacho n° 1046, directorio del B.N.A., del 19.12.91) porque el fundamento de esa resolución fue el estado de salud de la accionante -portadora de múltiples patologías-, quien ya el 12.9.90 había agotado el máximo de la licencia por largo tratamiento. Partiendo de esa base, la acción de cobro de la indemnización por incapacidad total y permanente se halla prescripta (art. 58, Ley 17.418). Lo estaba ya cuando la interesada formuló su presentación ante la presidencia del banco el 16.12.93 y con mayor razón, por supuesto, cuando promovió la demanda de autos (el 16.12.94). Autos: MAMMANA OLGA MONICA C/BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTRO S/COBRO DE SEGURO. CAUSA N° 10.416/95.- Magistrados: VOCOS CONESA - MARIANI DE VIDAL - 21/12/1999 “Frente a los múltiples matices que presenta la realidad, no se puede dar una respuesta dogmática que abarque todos los casos posibles, sino que el juez debe ponderar las circunstancias propias de cada contienda y de cada minusválido a fin de dar una respuesta concreta -y no genérica- al no menos concreto conflicto de derechos que se le somete a su decisión. Y es que, en ciertos supuestos, el mero anoticiamiento de poseer determinada enfermedad o la simple creencia subjetiva de que ella tiene incidencia invalidante pueden no ser suficientes para obtener la jubilación por invalidez -que no es, por lo común, requisito para que funcionen estos seguros- ni tampoco para dar derecho al cobro del beneficio asegurativo por incapacidad total y permanente. En otras hipótesis, la minoración física será tal que el afectado no podrá tener duda alguna sobre la fecha en que se originó su infortunio (v.Gr. Accidente que deja a una persona cuadripléjica, o ciega, o privada de los miembros superiores, etc.) Y, por tanto, desde cuando se inició el plazo para reclamar el beneficio del seguro de que se trata. Por ello, todo depende de cada caso. Secundum quid. Y discernir las distintas situaciones con afinación y delicadeza de juicio y prudencia es precisamente la difícil tarea que incumbe a los jueces en su función de dar, dentro de lo posible, lo suyo a cada quien.” Autos: Murillo José René c/CNAS y otro s/cobro de seguro.- Sala 3.- Magistrados: DR. EDUARDO VOCOS CONESA - DR. MARTÍN D. FARRELL - DR. FRANCISCO DE LAS CARRERAS.- 07/02/2002 - Nro. Sent.: Causa n° 4.624/94. - Nro. Exp.: 4.624/94. sentencia definitiva. “Si se inicia acción judicial por la cual se reclama cierta indemnización de una compañía de seguros por haber sobrevenido la incapacidad laboral del pretensor (el cual era beneficiario de un seguro de vida colectivo acordado entre su ex empleadora y la accionada), resulta procedente la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos de la ley 17418:58, toda vez que -tal como acontece en el caso- procede considerar como dies a quo de comienzo del plazo de prescripción anual previsto por la citada norma, el día que concluyó incontrovertidamente el contrato de trabajo entre el reclamante y la ex empleadora de éste y no, tal como postulaba el pretensor, el tiempo en que le fue acordada su jubilación por invalidez.” Obs. Del Sumario: P.S. 1998 -III- 537/540, Sala I Cc0001 Nq, Ca 1005 Rsd-537-98 S. 28/07/1998. Juez: Silva Zambrano (sd). Mancini Edelmira Lucrecia C/I.A.P.S.E.R. S/Cumplimiento de Contrato. Mag. Votantes: Garcia-Silva Zambrano. En el intento de discernir la solución ajustada a las condiciones concretas del caso, señalo que el informe del Dr. Sorbera -invocado por la recurrente, fs. 48- expedido en diciembre de 2002, alude a “una eventual capacidad laboral residual que pudiera argumentarse (producto fundamentalmente de su interés y disposición natural a cumplir con las exigencias de su profesión)...”, en tanto que recién en la reunión de la Comisión Médica datada el 11/12/03 se dictaminó fehacientemente el carácter total y permanente de la invalidez (fs. 235). Mal puede castigarse a la actora por “el interés y disposición natural a cumplir con las exigencias de su profesión” a que alude el Dr. Sorbera, declarando prescripta la acción por no haberse resignado cómodamente a admitir su incapacidad, aferrándose a la esperanza de recuperación para continuar su trabajo vocacional en la noble profesión de enfermera. Juzgo, pues, que el mentado “dies a quo” a los efectos del cómputo del plazo de prescripción del art. 58 LS ha de fijarse en la fecha del dictamen del 11/12/03 que impuso inequívoca certeza a la irreversibilidad de la minusvalía, por lo que el plazo anual no hubo transcurrido al momento de interponerse el reclamo y la acción judicial sub examen (cargada el 29/10/04). Exclusión de cobertura: Mal puede entenderse que el carácter “taxativo” de las incapacidades permanentes indemnizables según lo previsto por el art. 2 de la respectiva póliza (fs. 503) baste para excluir las secuelas que “afectan esencialmente su sistema nervioso central y periférico y su aparato osteo-músculo-articular”, además de provocar manifestaciones clínicas compatibles con un cuadro de depresión reactiva” de la enumeración contenida en dicho artículo, siendo que no se ha demostrado por quien alegó la exclusión, que las minusvalías detectadas no encuadran en las tipificadas en los 12 incisos de la cláusula 2ª., concurriendo los presupuestos que fija la cl.1º que define “el riesgo cubierto”. Por las razones expuestas y correctos fundamentos del fallo recurrido, propongo al Acuerdo su confirmación, rechazando la apelación interpuesta con costas al recurrente vencido, a cuyo efecto se regularán los honorarios de Alzada de conformidad con el art. 15 LA. Tal mi voto. El Dr. Luis SILVA ZAMBRANO dijo: Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. Por lo expuesto: SE RESUELVE: 1.- Confirmar la sentencia de fs. 628/632 vta. en cuanto fue materia de recursos y agravios. 2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC). 3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia, (art. 15, LA). 4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. Dr. Luis SILVA ZAMBRANO - Dr. Lorenzo W. GARCIA Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 51 - Tº II - Fº 238 / 244 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2008