Entiendo que de la pericia accidentológica surgen elementos que contrarían aquella conclusión, basada, evidentemente, en las solas constancias de la pericia efectuada en sede policial y que conforman los antecedentes del proceso penal al conductor del colectivo, proceso en que recayó sobreseimiento al mismo.

La pericia accidentológica en éstos toma en consideración las marcas de frenada que preceden y suceden al punto de encuentro entre ambos vehículos, como también la masa que movilizaban y la pérdida de la energía por destrucción de partes y el ascenso al cordón. Concluye que el transporte público desarrollaba una velocidad de 66,9 km. horarios. A su vez, la camioneta desarrolló una velocidad de 13,3 km. horarios en el tramo en que se desplazó de costado y una máxima de 25 km. horarios -meramente estimativa- antes del accidente.

La aseguradora impugnó el dictamen, por cuanto no resulta claro la razón por la que se determinan dos disipaciones de energía, y por qué se aplica determinado coeficiente de adherencias, solicitándole a su vez al perito se pronuncie sobre otros requerimientos. Entiende carente de fundamentación científica la conclusión de que el demandado dispuso de tiempo suficiente como para adoptar una actitud que evitara un encontronazo.

Al contestar la impugnación el perito señala que las marcas de frenada dan cuenta de una disipación de la propia energía cinética, atento que el desplazamiento transversal de la camioneta supone que la energía necesaria para producirla, la proporcionó el colectivo. Aclara que atribuyó un coeficiente de 0,9 en razón de que se trata de un derrape de la camioneta, con marcas dejadas por desgaste de los neumáticos en sentido transversal. No obstante, empleando el coeficiente de adherencia de los neumáticos del colectivo en 0,7, su velocidad mínima calculada resulta de 61,6 Km. horarios.

Jorge Eduardo Cano, conductor del colectivo, señala en su primera declaración en sede policial (fs.39), efectuada al segundo día del accidente, que la camioneta venía a alta velocidad de oeste a este, venía saliendo del puente, cuando pudo verlo, frenó para evitar el impacto y trató de esquivarlo, produciéndose entonces el hecho. Aclara que él venía a una velocidad de 35 a 40 km. por hora, en cuarta velocidad y en subida y que tiene tres testigos del hecho.

Cuando presta declaración indagatoria, en sede penal (fs.115), señala que al llegar a la intersección del segundo puente, yendo a una velocidad normal, 40 o 42 km. por hora, miró hacia el puente; que al tener dimensiones cortas se podía observar en toda su trayectoria y no vio a nadie, por lo que dirigió la mirada hacia el frente y siguió la marcha para cruzar la intersección, aclarando que un poco disminuyó la velocidad. Estimó que el otro vehículo venía a altísima velocidad, ya que instantes antes, cuando iniciaba el cruce de la intersección, no lo había visto sobre el puente.

Quien en el acta de inspección ocular inicial es mencionado como testigo del hecho, M. J. L., declara a fs.43 y sólo relata circunstancias ocurridas en los instantes inmediatamente posteriores al hecho y el auxilio que corrió a prestar al accidentado.

Uno de los testigos del hecho señalado por el conductor del colectivo, E. S. B., sólo precisa la percepción repentina del accidente, al sentir un fuerte golpe y el desvío del colectivo hacia una columna (fs.44). No difiere mayormente la declaración de X. d. P. H. S., a fs.45. El último de los señalados como testigos por el conductor del transporte público, P. A., dijo haber estado ubicado en el sexto asiento individual del colectivo y divisar que sobre el puente circulaba en dirección este una camioneta, cuyo conductor antes de llegar a la intersección iba mirando en dirección norte y no por donde circulaban los vehículos; pensó que aquél miraría hacia el lugar correcto, pero al no hacerlo se agarró del barral del asiento y en ese momento sintió el impacto. Considera que los dos vehículos circulaban despacio, no más de 40 km. horarios; escuchó ruido de frenada, pero no bocina (fs.86).

Otras diligencias efectuadas hasta arribar al sobreseimiento del conductor del transporte son la pericia ya referida, la testimonial del propio Cano; de M. L. V., pasajera del colectivo que no vio cuando la camioneta cruzó y dijo que el colectivo iba despacio y en subida (fs.127). Muy similar es la testimonial de A. S. M. a fs. 133.

En estos autos declaró un testigo que no hiciera lo propio en el sumario penal, M. Á. D., a fs.269, quien relata haber sido sobrepasado por el colectivo, que casi lo encerró, y después escuchó el ruido del impacto entre los móviles protagonistas. No puede precisar la velocidad del micro, pero el testigo iba a unos 60 o 70 km. horarios.

Tomando en consideración los distintos elementos de juicio reseñados, especialmente la pericia accidentológica, concluyo, contrariamente a lo que señalan la Juez de grado y mi colega preopinante, que ambos conductores, y no únicamente el de la camioneta, han contribuido a la generación del siniestro.

No me cabe duda que el actor no tuvo en cuenta la prioridad de paso que tenía el colectivo al arribar a la intersección por su derecha. También tomo en cuenta el cartel al que aluden la A quo y mi colega, el que se observa en la fotografía inferior de fs.509 y, más claramente, en la de fs.510, piezas instrumentales incorporadas por la empresa demandada.

He tenido oportunidad de enfatizar sobre la prioridad de tránsito del móvil que aborda un cruce de bocacalles por la derecha del que se moviliza por la restante arteria en varios casos. En “Pereira Vázquez Sergio C/Izquierdo Rufino S/Daños y Perjuicios” (Expte. Nº 287417-CA-2), voté en tal sentido, lo que llevó a revocar la sentencia de la instancia anterior y rechazar en todas sus partes la demanda incoada. Expresaba entonces que el vehículo del actor, según la pericia, presentaba una zona claramente afectada, centrada en el guardabarros delantero derecho y el pasarueda correspondiente a ese guardabarros, concluyéndose más adelante que la descripción de los daños mostraba sin duda alguna que el accidente se debió al encuentro de ambos vehículos casi simultáneamente en la intersección, incluso, el del actor ligeramente más avanzado que el restante pero, conforme a la dirección que cada vehículo seguía, el vehículo embistente es el que tenía prioridad en el cruce de la intersección al aparecer por la derecha del otro.

Destacaba que el artículo 41 de la ley 24.449 –a la que adhirió nuestra provincia mediante ley 2.178- señala que todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha, y puntualiza inmediatamente después las distintas excepciones que señala, ninguna de las cuales prevé la presentación previa de un vehículo por la bocacalle que aparece a la izquierda, respecto del que aparece por su derecha. Concretamente: entre dos vehículos, que no se encuentran en las excepciones del Art. 41 de la ley de tránsito, cuyas direcciones de marcha suponen que van a interceder en un cruce, el que se desempeña por la izquierda del otro debe ceder el paso.

Son innumerables los antecedentes jurisprudenciales e incluyo en ellos los de propia autoría, donde lo central para la decisión de una causa promovida a partir de un choque en intersección urbana ha sido la presentación previa de un vehículo con relación al restante, incidiendo poco la prioridad de paso de uno u otro. De tal modo, la condición de vehículo embistente por sí sola permitía vislumbrar el resultado del proceso, ya que sólo se veía modificado por la precisa acreditación de circunstancias anteriores al choque en sí, por maniobras irregulares o excesiva velocidad en el vehículo que en definitiva resultaba embestido.

Más: reflexionaba que la norma merita dar mayor importancia a tal prioridad. Mantener inmutable la presunción de culpa en el conductor del vehículo embistente lleva a una cierta dilución de la eficacia de la norma, pues en todo conductor seguirá formándose el criterio de que en la eventualidad de un accidente en una intersección, su responsabilidad dependerá sencillamente de haber estado más o menos adelantado que el otro protagonista. A poco que se medite sobre la cuestión, se observará lo negativo de tal internalización normativa, que no lleva hacia la prudencia al arribo a una intersección sino a lo contrario. De tal forma las normas, al menos las que regulan el tránsito, comienzan a esfumarse. No se logrará así la finalidad de toda normativa que es la de permitir la convivencia en paz, en este caso cumpliendo una de las máximas que nos lega el Derecho Romano: alterum non laedere, no dañar al otro.

Señalaba que tal conclusión no suponía entender que el conductor que en un cruce urbano debe ceder el paso a los que transitan por la arteria que intercede, debe esperar más allá de todo razonable cuidado. Simplemente se trata de que, al aproximarse, observe si los vehículos que aparecen a su derecha están a una distancia tal que le permita a él cruzar sin que aquellos otros automóviles tengan que disminuir su marcha, más allá de la prudencial que prevé el art. 51 e)-1.

Insistía con que ya es algo remanido decir que el tránsito vehicular es peligroso. Constantemente se incrementa el parque automotor y obviamente la densidad vehicular, con la lógica perspectiva de mayor frecuencia de accidentes en los cruces callejeros. Entender, después de un accidente, que la razón le asiste a quien estaba más adelantado resultaría de algún modo una invitación para, en casos posteriores, aumentar la velocidad, procurando adelantarse al otro automóvil intercedente. Aunque se menciona mucho y también lo había sido en ese caso, el que la prioridad de paso en una intersección urbana no debe convertirse en un bill de indemnidad. Pero no es el caso pensar que acentuar los efectos de tal prioridad para juzgar sobre los accidentes ocurridos en los cruces, vaya a producir esa conclusión negativa. Al contrario, el respeto estricto a una norma que no es en manera alguna confusa sino, por el contrario, clara, concisa, inequívoca, traerá por resultado un proceder más prudente por parte de quien sabe que en el próximo cruce deberá ceder el paso. Se observa a diario, en nuestra ciudad en particular, que no es el respeto a la prioridad lo que caracteriza al tránsito vehicular sino la intención constante de adelantarse a quien debía cedérsele el paso. Incluso se ha generado la curiosa costumbre de otorgar prioridades a ciertas calles sin atender a la dirección del tránsito de cada una de las otras que la cruzan.

El Dr. Silva Zambrano, entonces mi colega en la Sala, se adhirió al primer voto expresando que en diversos pronunciamientos había excepcionado la regla de la prioridad de paso para arribar a la conclusión de una responsabilidad compartida, cuando de manera patente el que contaba con dicha prioridad era en el fondo el que, con su conducta transgresora, daba pie al acaecimiento del suceso, como por ejemplo, cuando hallándose lejos de la encrucijada, salvaba casi instantáneamente la distancia a fuer de una velocidad a todas luces inadecuada al tránsito urbano.

Esta Sala también ha sostenido esa posición favorable al carácter absoluto de la prioridad de paso, en “Rivero Rene C/Martínez Lorenza y Otro s/ Daños y Perjuicios” (Expte. Nº 1550-CA-3), “Soto Walter Daniel y Otro C/Campos Rolando y Otro S/Daños y Perjuicios” (Expte. Nº 1028-CA-0), “Bertoldi Sergio Enrique y Otro C/Jaccod Clavero David Martín y Otros S/ Daños Y Perjuicios” (Expte. Nº 292012-CA-3), entre otros.

Volviendo al concreto caso de autos, valga la extensa remisión al antecedente, para enfatizar sobre la responsabilidad que le cupo al propio actor en la ocurrencia del accidente. Pero he aquí que, a mi criterio, no le falta culpa al conductor del rodado mayor, de allí mi disidencia.

Entiendo incomprensible la ocurrencia del siniestro, si como declarara en su indagatoria el chofer demandado, tenía una total visión panorámica del puente. Sin duda no se sostiene su versión de que el impacto se produjo por la repentina aparición -y a altísima velocidad- del vehículo conducido por el actor, pues no lo había visto sobre el puente, observación que, según su posición, habría hecho en el instante inmediatamente previo.

Si la velocidad impresa a la camioneta no fue en absoluto exagerada, tal cual surge del análisis racional de todos los elementos aportados, es realmente increíble esa forma de acaecimiento del hecho. Absolutamente más razonable es entender que Cano se desentendió del tránsito que podría desarrollarse sobre el puente y que intercedería su derrotero, para ocuparse solamente de otros menesteres y de imprimir a su pesado móvil una velocidad excesiva para las circunstancias concretas que allí, en ese lugar, se daban.

Cualquiera de las velocidades peritadas en estos autos respecto al colectivo, da la idea de que excedía claramente la prevista por el artículo 51 de la ley 24.449 que señala los límites máximos de velocidad en las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad precautoria, nunca superior a 30 km/h. Si bien el último apartado del artículo indica en rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km/h, salvo señalización en contrario, considero que no es el caso de autos, pues la ruta es la que el puente salva y no una de las calles unidas por ese puente. El vehículo a su cargo transitaba por la calle Julio Decaro, como el mismo menciona en su declaración en sede penal; el accidente no ocurre en la ruta.

Es de traer a colación el Art. 39 de la ley 24.449, que los conductores deben: b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito.

También la presunción que establece el Art. 64: “Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron”.

Teniendo en cuenta la similitud de la gravedad de la imprudencia de uno y otro protagonista, ya que el actor no tuvo cabalmente en cuenta la prioridad del otro vehículo y el accionado Cano imprimió al propio una exagerada velocidad, a todas luces totalmente imprudente, por no decir temeraria, cabe hacerles cargar en partes iguales su responsabilidad de afrontar las consecuencias dañosas del evento.

Esa conclusión sobre la concausalidad de las conductas de ambos conductores, lleva a examinar el reclamo efectuado y la justa indemnización de los daños causados al conductor reclamante, claro está en la medida de la responsabilidad discernida.

Al demandar se señala que el actor sufrió fractura de húmero derecho, de clavícula derecha y de cara (piso de la órbita y hueso malar derechos), alteración permanente de la capacidad visual derecha, cicatrices en rostro de carácter permanente y otras en región precordial, heridas desgarradas en la zona del pómulo derecho que requirieron tratamiento quirúrgico. Reclama por la incapacidad sobreviniente que se le ha causado, estimada en un 35%; tiene en cuenta su condición de Ingeniero Civil, con 27 años de edad, con un ingreso promedio mensual de $800, por lo que dimensiona su pretensión en el rubro en la suma de $32.500. También reclama en concepto de asistencia médica y farmacéutica, la suma de $3.000 y por daño moral, $8.000.

No hay duda que el actor sufrió serias lesiones a raíz del evento. Las mismas fueron examinadas por el perito médico (fs.464/71), quien concluye que el actor presenta una incapacidad que estima en el 16,6% del valor total obrero. La citada en garantía requirió precisiones de la pericia, que el perito contesta a fs.478 señalando que la incapacidad determinada es irreversible

La pericia es concluyente y convence de las razones expuestas. Por ende, cabe reconocer que el accidente tuvo la eficacia dañosa para disminuir la capacidad del actor. Éste, en su demanda, había cuantificado la indemnización que pretendía en la suma de $32.500.

Si bien la cuantificación del producido efectivo o probable de sus tareas por el actor no se ha logrado, de todos modos es insoslayable que ha sufrido detrimento en sus posibilidades de ingresos por su trabajo personal, debido a la afección, lo que se le debe reparar. Una primera aproximación para la definición del detrimento sufrido y equivalente indemnización, debe comprender la capacidad laboral inmediatamente previa al siniestro. Otra pauta a tenerse en cuenta para fijar el quantum a resarcir, es que no debe excederse de una suma tal cuya renta, unida a un porcentaje de amortización que agote el capital en el lapso de vida útil que le restaba a la actora, de no ocurrir su incapacitación, resulte similar a los ingresos periódicos que pueda estimarse obtendría.

Ante la ausencia de otras precisiones, pero atendiendo a la razonabilidad del monto pretendido en la alternativa de acudir a la preceptiva del art. 165 C.P.C. y C., se merita ajustada la suma reclamada como equivalente al daño sufrido.

Siguiendo el orden de la demanda, se tiene que se reclama por gastos de asistencia médica y farmacéutica, la suma de $3.000.

El perito médico designado en autos da cuenta de las lesiones que sufriera el actor, estimando indubitable que existe un nexo de causalidad entre los hechos y el accidente descripto en autos. Ello lleva a que el actor soportó lesiones que motivaron intervención médica. En cuanto a la procedencia de este rubro, será admitido aunque no en la cuantía pretendida, teniendo en cuenta que si bien no se requiere prueba fehaciente en cuanto a los gastos que se reclaman, ya que cabe presumirlos en razón de las lesiones sufridas, habiendo omitido la parte actora detallar cómo se compone el monto reclamado, se encuentra que la estimación de los mismos deberá hacerse con un criterio razonable y equitativo.

Es criterio jurisprudencial que: “Si bien cabe admitir que, inclusive en los establecimientos hospitalarios oficiales, la atención no es totalmente gratuita y partiendo de tal premisa es verosímil que la atención prestada al actor le haya originado gastos, ello no basta para justificar la condena en concepto de daño material por un monto que, a valores de la época del ilícito, no sería posible vincular con el que razonablemente pudo requerir por entonces el tratamiento recibido por aquél. No es necesario que los demandantes acrediten cabalmente el perjuicio material sufrido, en particular en lo que respecta a la prueba documental de los gastos médicos y de farmacia, pero de ello no se deriva que reclamos de esa especie deban ser admitidos por el total que se solicita en demandas de excesiva parquedad, en las que no se ofrezcan referencias o indicios que ayuden a formar juicio sobre la razonabilidad del resarcimiento que se persigue” (CNFed. Civ. y Com. Sala 2da. 29-7-80, L.L. 1981-1-245)

Concretamente, si bien los gastos por la suma reclamada no se encuentran acreditados, de todos modos el proceso de recuperación del actor permite presumir la probabilidad de la existencia de pequeños gastos médicos, de enfermería y farmacéuticos, en total, de alguna dimensión. Por ello, corresponde admitir que tales gastos insumieron pesos seiscientos ($600).

Reclamó el acto por daño moral $8.000. El siniestro, con sus perdurables secuelas para él, debió generarle indudablemente un agravio moral a tener en cuenta. Imprevista e injustamente se vio privado de su tranquilidad y equilibrio espiritual ante sus secuelas. Tal lesión debe ser indemnizada (art. 1078 C. C.).

Sobre este punto se ha dicho: “Cuando se habla de daño moral, evidentemente el vocablo “moral” no se refiere a un aspecto ético o deontológico sino a un daño que se opone al material o patrimonial”... es la lesión de razonable envergadura producida al equilibrio espiritual que la ley presume y tutela -y atañe a una persona-. Es un nexo a la normalidad. (v. CNEspecial Civil y Com., sala I, abril 30 de 1986.- Álvarez de Rodríguez, María EE. C. Durán, Antonio y otros, La Ley, 1986-C, 300).

La evaluación del perjuicio moral es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del Cód. Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. La dificultad de calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y actuales malestares subsistentes. Para establecer su monto no se deben correlacionar los daños materiales y morales puesto que se trata de lesiones de diferente índole y la existencia o no de daños materiales carece de influencia en la determinación del agravio moral (Del fallo de primera instancia LA LEY, 1985-B, 150:_ CNEspecial Civil y Com., sala V, diciembre 30 de 1983 “Bettini, Alfonso c. Sindicato de Obreros y Empleados de la Madera”.)

Meritando la gravedad del hecho, a los efectos de determinar la cuantía de la indemnización del daño moral, tomando en cuenta las consecuencias del accidente, su intensidad y perduración, procurando que el monto a establecer cumpla la función de neutralizar en la víctima el sufrimiento experimentado (amén de lo entendido por el rubro anterior), conforme el art. 165 C.P.C.y C. considérase en el punto que el monto reparatorio reclamado es ajustado.

De lo hasta aquí señalado se tiene que el monto que supondría la adecuada reparación de los daños sufridos por el actor, asciende a la suma de pesos cuarenta y un mil cien ($41.100). Debido a que la parte demandada sólo tiene que cargar con la mitad de dicho producido, su resultante, pesos veinte mil quinientos cincuenta ($20.550), deberá ser el monto de la condena a esa parte. Dicha cifra devengará intereses al promedio de la tasa del Banco Provincia del Neuquén, desde el acaecimiento del siniestro y hasta su debida cancelación.

Dejo asi planteada mi disidencia, por lo que propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente a la demanda por la suma de $20.550 con más los intereses señalados y con costas por mitades en ambas instancias.

Es mi voto.-

El Dr.Luis SILVA ZAMBRANO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto del Dr.Enrique VIDELA SANCHEZ, adhiero al mismo, expidiéndome de igual modo.-
Por lo expuesto, POR MAYORIA

SE RESUELVE:

1.- Revocar la sentencia obrante a fs. 244/245 y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Ricardo Oscar Tomassi contra Jorge Eduardo Cano y Empresa de Ómnibus Centenario S.R.L., condenando a éstos y a la aseguradora citada, Protección Mutual del Transporte Público de Pasajeros a abonar al actor, la suma de pesos VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($20.550), con más los intereses señalados desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago.-

2.- Imponer las costas de ambas instancias en un 50% a la demandada y 50% al actor (art.68, Código Procesal).-

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de los profesionales intervinientes por la actora en la instancia de grado las que, adecuadas al nuevo pronunciamiento, se fijan en ....-

4.- Regular los honorarios de esta instancia, (art.15, LA).-

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los presentes al Juzgado de origen.-
Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ - Dr. Lorenzo W. GARCIA - Dr. Luis SILVA ZAMBRANO Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA
REGISTRADO AL Nº 18 - Tº I - Fº 107 / 119
Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2007